El pasado 1 de octubre, la Agencia Española de Protección de Datos compareció ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para presentar la Memoria correspondiente al 2007.
En el citado informe se pone de manifiesto un importante incremento del número de Procedimientos Sancionadores Iniciados (el 92,4%), y también de los Procedimientos de Tutela de Derechos (el 42,2%). La mayor parte de estos procedimientos se han realizado a partir de denuncias que dieron lugar a inspecciones.
Suelen ser denuncias bien fundamentadas ya que todavía es muy alto el número de empresas que incumple la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
Este incremento de denuncias parece ser la consecuencia de una mayor concienciación ciudadana sobre su derecho a la intimidad y sobre la protección de sus datos personales, así como de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Al menos esta es la interpretación que hace la Agencia en su Memoria. Pero detrás del incremento de denuncias también se esconde otra realidad.
Estudios realizados por distintas Universidades ponen de manifiesto un fenómeno que se está produciendo alrededor de la LOPD, y es su uso como elemento de chantaje y como forma de satisfacer los deseos de venganza. La LOPD se ha convertido en una auténtica arma arrojadiza.
Clientes insatisfechos que desean provocar daños a comercios, empleados despedidos (de forma procedente o improcedente) que quieren vengarse de la empresa que prescindió de sus servicios, o simplemente desaprensivos con afán de dañar. Estos tres ejemplos pueden formar el perfil de personas que recurren a la LOPD para perjudicar a aquella organización de la que ellos mismos se consideran víctimas. Y el ánimo es exclusivamente de venganza, ya que el denunciante no obtendrá compensación ni resarcimiento económico por las actuaciones de la AEPD.
Por otra parte, en el citado informe se incluye un ranking sobre el número de inspecciones realizadas, ocupando el cuarto lugar la Administración Pública, el onceavo lo ocupa la Sanidad, el doceavo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el quinceavo la Enseñanza. Siendo estas cuatro áreas de actividad propias de los Entes Públicos, en el resto de lugares del ranking también aparece de forma implícita la Administración, por ejemplo en las inspecciones sobre Videovigilancia, Recursos Humanos y asuntos laborales…
Es evidente que la Administración Pública se ha convertido en un importante objetivo de las inspecciones de la AEPD debido a las denuncias presentadas. Y también es posible que aquí se dé el fenómeno de la venganza.
La insatisfacción laboral y el mobbing (fenómeno muy extendido dentro de la Administración) son caldo de cultivo del deseo de venganza.
¿Será la venganza el motivo principal de las denuncias a las Administraciones Públicas sobre la protección de datos de carácter personal?. Yo estoy seguro de que en una buena parte de ellas sí.
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