La sombra de una oposición planea sobre la empresa pública en la que trabajo, y cuando esto ocurre los nervios afloran, los ánimos se exaltan y la rumorología se convierten en ciencia exacta. Es lógico, porque las plazas interinas salen a oferta pública de empleo y los que actualmente las ocupan de forma temporal ven peligrar su puesto de trabajo.
Uno de los rumores que más está dando que hablar es el retraso en la publicación de un libro de test sobre los temas generales el cual facilitará el estudio a los opositores. ¿A todos los opositores? Bueno, en principio sí porque todos los ciudadanos podrán tener acceso a comprar el libro. Sin embargo en este asunto hay algo que no está del todo claro.
Ocurre que de manera informal, es decir, “de boquilla”, la empresa se ha comprometido a que las preguntas del examen saldrán todas de ese libro. Y en mi opinión eso beneficia a los que actualmente ocupan esas plazas, dándole una gran ventaja sobre los que están fuera a pesar de que la Constitución les garantiza el principio de igualdad.
Para explicar en qué consiste el beneficio utilizaré como ejemplo la oferta de empleo a la que hace años me presenté y afortunadamente conseguí superar. Yo me tomé en serio aquellas oposiciones y por eso me dediqué a fondo a estudiar los temas generales, es decir, los jurídicos, ya que mi perfil es la de informático y los temas que versan sobre legislación son los que más me cuesta comprender, estudiar y memorizar.
Desde un año y medio antes de publicarse la convocatoria me matriculé en una academia especializada en oposiciones, me compré libros sobre la materia, estudie la Constitución, la Ley de procedimiento Administrativo, el Estatuto de los funcionarios, la Ley de bases de régimen local, el texto refundido… y así hasta una larga lista de extensas y áridas leyes y textos legislativos. Los estudié con detalle porque el examen sería del tipo test y en ellos una simple coma cambiada de sitio podía convertir una respuesta aparentemente correcta en un fallo garrafal que además restaba puntos.
En paralelo estudiaba los temas específicos de la plaza a la que me presentaba, pero mis mayores miedos se centraban en los temas generales por ser los menos familiares para mí, y por tanto los estudiaba con más ahínco.
Fue un año y medio muy duro en los que compaginaba el trabajo, mis otros estudios universitarios y las oposiciones, restándole tiempo a mi familia (ya tenía dos hijos pequeños).
Pero cual fue mi sorpresa cuando dos meses antes del examen el organismo publicó un libro de test como el arriba mencionado. Constaba de 400 preguntas tipo test con sus respuestas. Y existía un compromiso tácito de que del libro saldrían las preguntas del examen.
El libro en cuestión se convirtió en un éxito de ventas local, un auténtico best-seller. Multitud de aspirantes lo compraron y en pocos días de estudio consiguieron garantizarse la máxima nota en la prueba de los temas generales. Para responder bien no era necesario leerse la legislación, ni siquiera hacía falta comprender la pregunta, bastaba con aplicar reglas nemotécnicas que ayudaran a recordar cuál de las cuatro respuestas era la correcta. Con esa forma de estudio es lógico pensar que aprobar ese examen no garantizaba el conocimiento del marco normativo que un funcionario debe conocer.
De poco me sirvió el año y medio de estudio concienzudo, ni los gastos de academia y de libros, ni la desatención a la que sometí a mi familia. Al final todos llegamos al examen con el mismo nivel de conocimientos.
Cuando se publicaron las notas, las calificaciones fueron extremas: por una parte aquellos que habían estudiado el libro de test sacaron notas altísimas, casi todos entre el 9,5 y el 10. En el otro extremo notas muy bajas de los que iban al examen sin haber estudiado por ver si “sonaba la flauta”.
Entre aquellos que sacaron la nota máxima se encontraban los interinos que ocupaban las plazas en oferta, pero también opositores ajenos a esa Administración. Llegado este punto pudiera parecer que la publicación del libro de test era una forma de aplicar el principio de igualdad en el acceso a la función pública, ya que se demostraba que todos los que lo habían estudiado sacaban puntuaciones similares.
Pero la realidad era otra. Porque una vez realizada la fase de oposición vino la fase de concurso, en la que se valora y puntúa, entre otros, el tiempo trabajado en la Administración, especialmente en plazas similares a las ofertadas. Es obvio decir que en esta fase “los que ya estaban dentro” sacaron las puntuaciones máximas, y “los de fuera” apenas si tenían algunas décimas, lo que los dejaba sin posibilidades de ocupar ninguna plaza a pesar de las magníficas puntuaciones obtenidas en el examen.
Y además sin posibilidad de protestar ya que el procedimiento había sido completamente legal ya que el libro de test se había puesto a disposición de todos los ciudadanos.
Y es que con frecuencia la legalidad y la honestidad no van de la mano.
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