Y aunque en algún post confesé (y defendí) que el tiempo para redactar estas pobres colaboraciones lo suelo sacar de mi jornada laboral en mi principal trabajo de la Administración, también es cierto que cuando tengo cosas que hacer nada ni nadie impide que lo realice con la celeridad y eficacia que me caracteriza.

La circunstancia de este arrechucho de trabajo es múltiple: nuevas responsabilidades (por el mismo sueldo), menos personal, así como los preparativos por la proximidad de la obligación de cumplir la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, entre otras razones.

Y es sobre la Ley 11/2007 y su relación con el personal al servicio de las Administraciones Públicas —en particular con las ofertas públicas de empleo— sobre lo que quiero hablar.

Ya sabemos que el día 1 de enero del próximo año, las Administraciones Públicas deberán estar preparadas para poner a disposición de los ciudadanos la posibilidad de realizar sus gestiones a través de medios electrónicos y sin tener que desplazarse. También sabemos (o al menos podemos deducir sin miedo a equivocarnos) que un elevadísimo porcentaje de las Administraciones no están en disposición de cumplirla (La Ley 11/2007 lleva el camino de convertirse en una de esas normas muy imperativas y exigentes que, como ocurre con la LOPD, al final casi nadie cumple).

Ocurre que la puesta en marcha de una oferta pública de empleo (OPE) conlleva un largo y bastante complejo procedimiento Administrativo que a ojos del ciudadano comienza con la publicación en el Boletín Oficial de las bases que la rigen y de la correspondiente convocatoria. Hasta ahí todo correcto porque hasta el más pequeño de los Ayuntamientos tiene posibilidades por sí mismos o a través de las Diputaciones y Cabildos de situar en Internet dichas publicaciones.

Pero la siguiente fase del procedimiento en la que debe intervenir el ciudadano, y que la mencionada Ley le otorga el derecho de realizarlo por Internet (o por cualquier otra vía electrónica), es la presentación de la solicitud de participación en la OPE con el consiguiente pago de las tasas si procede. Y sí queremos hacer las cosas bien y con garantías para el ciudadano, el sistema telemático de recogida de solicitudes y abono de tasas debería permitir el uso de la firma electrónica.

Como dije antes, el procedimiento es largo por el número de fases que comprende, y masivo por la cantidad de interesados a los que va dirigido, y con multitud de circunstancias que el sistema informático/telemático debe contemplar en todo momento: diversidad de plazas con temarios y baremos dispares, con plazas para turno libre, otras para promoción interna, cupos para minusválidos, colectivos desfavorecidos…

Se formarán tribunales, habrá convocatorias de exámenes y de pruebas prácticas, se levantarán actas, se corregirán exámenes, se evaluarán méritos según los baremos… y los ciudadanos deberán estar informados cabalmente de todo. Los interesados necesitarán hacer compulsas, entregar curriculums, completar solicitudes… y además deberán recibir notificaciones y certificados.

A lo largo del procedimiento existe la posibilidad de presentar recursos, reclamaciones, alegaciones, impugnaciones, revisiones de los exámenes y de las valoraciones… Hasta que por fin los ciudadanos que han superado todas las pruebas reciben el nombramiento oficial.

Por supuesto con la garantía de que durante todo el procedimiento se cumplen los principios Constitucionales de igualdad mérito y capacidad.

Y todo esto debe poder hacerse en el marco de la Ley 11/2007, es decir, sin necesidad de que el ciudadano se mueva de su casa y gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y es aquí donde me surgen todas las dudas.

¿Están las Administraciones preparadas para llevar a cabo una oferta de empleo público cumpliendo dicha Ley?

Y si la respuesta es negativa me pregunto: ¿aquellas Administraciones que no estén preparadas (y que presumo serán muchas), optarán por aplazar sine die los procesos selectivos en tanto no dispongan de los medios telemáticos oportunos?

Porque si la respuesta a esta segunda pregunta es afirmativa, flaco favor van a hacer las Administraciones para disminuir las cifras de desempleados que actualmente azotan al país. Y es que me da la impresión de que el incumplimiento generalizado de la Ley 11 puede afectar muy negativamente a la creación de puestos de trabajo público, y eso es algo que no nos podemos permitir en la desastrosa situación laboral por la que estamos pasando.

Y una reflexión más, ¿qué ocurrirá si algún opositor considera que la Ley 11/2007 ampara el derecho a examinarse desde su casa, sin comparecer en el aula de examen? Porque se trata de eso, de que el ciudadano no tenga que molestarse en dirigirse a la Administración y realice todo los trámites desde su domicilio.

Post publicado en K-Government - Thinking in e-government por Louis Crandell

Uno de los rumores que más está dando que hablar es el retraso en la publicación de un libro de test sobre los temas generales el cual facilitará el estudio a los opositores. ¿A todos los opositores? Bueno, en principio sí porque todos los ciudadanos podrán tener acceso a comprar el libro. Sin embargo en este asunto hay algo que no está del todo claro.

Ocurre que de manera informal, es decir, “de boquilla”, la empresa se ha comprometido a que las preguntas del examen saldrán todas de ese libro. Y en mi opinión eso beneficia a los que actualmente ocupan esas plazas, dándole una gran ventaja sobre los que están fuera a pesar de que la Constitución les garantiza el principio de igualdad.

Para explicar en qué consiste el beneficio utilizaré como ejemplo la oferta de empleo a la que hace años me presenté y afortunadamente conseguí superar. Yo me tomé en serio aquellas oposiciones y por eso me dediqué a fondo a estudiar los temas generales, es decir, los jurídicos, ya que mi perfil es la de informático y los temas que versan sobre legislación son los que más me cuesta comprender, estudiar y memorizar.

Desde un año y medio antes de publicarse la convocatoria me matriculé en una academia especializada en oposiciones, me compré libros sobre la materia, estudie la Constitución, la Ley de procedimiento Administrativo, el Estatuto de los funcionarios, la Ley de bases de régimen local, el texto refundido… y así hasta una larga lista de extensas y áridas leyes y textos legislativos. Los estudié con detalle porque el examen sería del tipo test y en ellos una simple coma cambiada de sitio podía convertir una respuesta aparentemente correcta en un fallo garrafal que además restaba puntos.

En paralelo estudiaba los temas específicos de la plaza a la que me presentaba, pero mis mayores miedos se centraban en los temas generales por ser los menos familiares para mí, y por tanto los estudiaba con más ahínco.

Fue un año y medio muy duro en los que compaginaba el trabajo, mis otros estudios universitarios y las oposiciones, restándole tiempo a mi familia (ya tenía dos hijos pequeños).

Pero cual fue mi sorpresa cuando dos meses antes del examen el organismo publicó un libro de test como el arriba mencionado. Constaba de 400 preguntas tipo test con sus respuestas. Y existía un compromiso tácito de que del libro saldrían las preguntas del examen.

El libro en cuestión se convirtió en un éxito de ventas local, un auténtico best-seller. Multitud de aspirantes lo compraron y en pocos días de estudio consiguieron garantizarse la máxima nota en la prueba de los temas generales. Para responder bien no era necesario leerse la legislación, ni siquiera hacía falta comprender la pregunta, bastaba con aplicar reglas nemotécnicas que ayudaran a recordar cuál de las cuatro respuestas era la correcta. Con esa forma de estudio es lógico pensar que aprobar ese examen no garantizaba el conocimiento del marco normativo que un funcionario debe conocer.

De poco me sirvió el año y medio de estudio concienzudo, ni los gastos de academia y de libros, ni la desatención a la que sometí a mi familia. Al final todos llegamos al examen con el mismo nivel de conocimientos.

Cuando se publicaron las notas, las calificaciones fueron extremas: por una parte aquellos que habían estudiado el libro de test sacaron notas altísimas, casi todos entre el 9,5 y el 10. En el otro extremo notas muy bajas de los que iban al examen sin haber estudiado por ver si “sonaba la flauta”.

Entre aquellos que sacaron la nota máxima se encontraban los interinos que ocupaban las plazas en oferta, pero también opositores ajenos a esa Administración. Llegado este punto pudiera parecer que la publicación del libro de test era una forma de aplicar el principio de igualdad en el acceso a la función pública, ya que se demostraba que todos los que lo habían estudiado sacaban puntuaciones similares.

Pero la realidad era otra. Porque una vez realizada la fase de oposición vino la fase de concurso, en la que se valora y puntúa, entre otros, el tiempo trabajado en la Administración, especialmente en plazas similares a las ofertadas. Es obvio decir que en esta fase “los que ya estaban dentro” sacaron las puntuaciones máximas, y “los de fuera” apenas si tenían algunas décimas, lo que los dejaba sin posibilidades de ocupar ninguna plaza a pesar de las magníficas puntuaciones obtenidas en el examen.

Y además sin posibilidad de protestar ya que el procedimiento había sido completamente legal ya que el libro de test se había puesto a disposición de todos los ciudadanos.

Y es que con frecuencia la legalidad y la honestidad no van de la mano.

Post publicado en K-Government - Thinking in e-government por Louis Crandell

El por qué de esta preferencia laboral -que según algunos nos convierte en gordos e imbéciles- tiene muchas respuestas, los siguientes ejemplos pueden resultar muy aclaratorios: prefiero ser policia a guardia de seguridad de un puticlub, prefiero ser maestro en un colegio público que profesor en una academia de recuperaciones…

Pero volvamos al tema central de este texto. Para acceder a la carrera funcionarial es necesario superar un oferta pública de empleo, es decir, unas oposiciones que cumplan los principios constitucionales de igualdad mérito y capacidad (y yo añadiría que la condición de haber trabajado previamente en la empresa privada). No es fácil superar unas oposiciones, pero tampoco es imposible. Seguidamente daré algunos datos y consejos que espero sirvan de ayuda y animen a los opositores.

Lo primero que desanima al opositor es comprobar cómo para un reducido número de plazas se presentan ingentes cantidades de solicitudes. Cuando el candidato a ocupar una plaza en el ente público va a consultar la lista de admitidos y comprueba que para 1 plaza optan centeneres de personas, comienzan a dudar si tiene sentido presentarse o no.

Pero aquellas personas que realmente se planteen seriamente presentarse al examen, es decir, aquellos que van a estudiar seriamente los temarios y piensan prepararse a fondo, no deben temer tanto esta avalancha de candidatos. Se da un curioso fenómeno que expondré en los siguientes puntos:

1.-Aproximadamente el 50% de las personas que solicitan presentarse a la oposición luego no van al examen.
2.-Aproximadamente el 50% de los opositores que se presentan no han estudiado nada pero van al examen a ver si “suena la fláuta.”
3.-Aproximadamente el 50% de los opositores que han estudiado lo han hecho en los útlimos días y de forma superficial.

En definitiva, tan sólo la octava parte del total de opositores han estudiado a fondo el temario de las oposiciones.

El fenómeno anterior, que denominaré “Ley de Crandell sobre el acceso a la función pública”, puede expresarse de la siguiente forma:

“las probabilidades reales de aprobar que tiene un opositor que haya estudiado a fondo el temario es 8 veces superior a las probabilidades teóricas que se desprenden considerando el total de solicitudes presentadas”.

Por ejemplo, si para 50 plazas de auxiliares administrativos se presentan 1000 solicitudes, aparentementre hay un 5% de posibilidades de ser el afortunado que consiga la plaza, sin embargo, aplicando la Ley de Crandell citada la posibilid aumenta hasta el 40%.

Es curioso observar cómo aquellos que han ido al examen sin prepararlo a fondo -es decir, los que no han estudiado nada (aproximadamente el 25% del total) y los que han estudiado sólo un poco (aproximadamente el 12,5% del total)- salen de las pruebas diciendo que las oposiciones están amañadas y que hay nepotismo y otras formas de enchufismo.

Este fenómeno puede expresarse como corolario que se desprende de la anterior ley y que denominaré “Corolario sobre la Ley de Crandell sobre el acceso a la función pública”. Puede expresarse de la siguiente forma:

“aproximadamente el 37,5% de los ciudadanos que presentan la solicitud para optar a una oferta pública de empleo salen ‘echando pestes’ del proceso selectivo, y estos son los que se han presentado sin estudiar nada o habiendo estudiado poco”.

Pero las probabilidades de acceder a las plazas que postula la Ley de Crandell puede aumentar aun más si tenemos en cuenta lo siguiente:

1.-Muchos opositores se presentan a varias plazas, por lo que si aprueban más de una luego tendrán que hacer algunas renuncias.

2.-Otros opositores rechazan el nombramiento porque les ha tocado un destino demasiado alejado de su casa.

Otra forma de aumentar las probabilidades de éxito es presentarse a las plazas de los grupos más altos que la titulación permita, ya que “mientras más alto es el grupo, el número de solicitudes presentadas con respecto a las plazas ofertadas va disminuyendo geométricamente”.

Por otra parte, muchos argumentan quejosos que aquellos que ya “están dentro”, es decir, funcionarios interinos y personal contratado que trabaja en la propia Administración que convoca la oferta de empleo, les cierra el paso a la obtención de una plaza, ya que los puntos por antigüedad les garantiza una mejor posición en el baremo. Pero esta afirmación habría que matizarla:

1.-Normalmente las ofertas públicas de empleo se convocan bajo la fórmula de concurso-oposición, es decir, que antes de pasar a valorar los méritos es necesario haber superado la fase de oposición.

2.-Muchos de esos opositores que llevan años trabajando dentro de la Administración hace tiempo que se acomodaron a trabajar y dejaron los esttudios, perdiendo la capacidad de estudio, mientras que los opositiores que vienen de fuera suelen tener más frescos sus estudios y además están más acostumbrados a estudiar.

Yo he visto a funcionarios interinos con más de 15 años de antigüedad, salir llorando del primer examen porque no han sabido responder las preguntas.

Porque aprobar una oposiciones es muy fácil, basta con hacer un examen perfecto.

Post publicado en K-Government - Thinking in e-government por Louis Crandell