La adaptación a la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos es el principal reto para la administración pública en 2009. Entre los avances que se producirán destaca la digitalización de los servicios públicos, como el registro y la firma electrónica, o la interoperabilidad entre administraciones mediante redes comunes. Sin embargo se advierte que la implantación es lenta y en muchos casos no se alcanzará el mínimo exigido, sobre todo en el ámbito municipal, pues las entidades locales, más limitadas en recursos, deberían cumplir con la disposición de la ley a partir del 31 de diciembre de 2009, “siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias”.

Un factor clave para la modernización de la administración es el papel de las TIC para mejorar el gasto de los recursos públicos. Las consecuencias de la crisis económica pueden suponer la demora o abandono en las administraciones públicas de proyectos “no considerados” prioritarios, por ejemplo relacionados con la administración electrónica. Pero los expertos consultados coinciden en la importancia de las tecnologías de la información para reducir el gasto público y optimizar los recursos. La administración del futuro, más moderna y eficaz, también debe acercarse a la ciudadanía, y las herramientas 2.0 son una buena oportunidad. Además de mejorar la gestión administrativa y el servicio público con nuevos canales de comunicación (TDT, sms, microblogging…) y utilidades de red social, se trata de un ejercicio de transparencia, de “apertura al ciudadano” y aprendizaje mútuo. También será el año del DNI electrónico, la Ventanilla Única de Servicios, la nueva Ley de Contratos del Estado o la cooperación entre administraciones y empresas.

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Post publicado en K-Government - Thinking in e-government por Carlos Guadián Orta