El caso es que un tiempo después de la puesta en marcha de estos servicios la propia administración pública del Reino Unido ha decidio emprender el camino en estos ámbitos y ha empezado a ofrecer sus propios servicios. Para el cálculo de beneficios fiscales ha puesto en marcha Benefits Adviser y es aquí dónde surge el problema ya que estas empresas que habían iniciado su andadura acusan ahora a la administración de competencia desleal.

En Public Strategy se hacen la siguiente reflexión:

¿Un servicio debe ser excluido de hacerlo porque otra organización había comenzado a ofrecer este servicio en primer lugar? O más en general, y deliberadamente a plantear la cuestión de una forma más concreta, ¿La existencia de un proveedor de servicio (privado) significa que el gobierno ya no deba de ofrecerlo él mismo?

vía El Gobierno es un elefante | Public Strategy. (en inglés en el original)

Y es que aquí comienza el debate sobre la sostenibilidad de servicios ofrecidos por terceros que quizá a nosotros no nos afecte demasiado en estos momentos, pero que si tenemos en cuenta la liberalización de datos públicos seguramente podremos encontrarnos en esta situación muy pronto.

La falta de respuesta rápida de la Administración Pública respecto de la empresa privada es evidente. Y que hayan empresas que quieran buscar esos nichos de mercado lo veo bien, pero por otro lado si posteriormente la propia administración quiere empezar a ofrecer ese servicio creo que está en su derecho. Y no sólo en su derecho, es su obligación la de ofrecer más y mejores servicios.

Aunque si lo miramos desde el otro punto de vista si esto es así cortaremos de raíz un proceso de innovación que sirve de palanca de cambio.

¿Qué opináis?

Post publicado en K-Government - Thinking in e-government por Carlos Guadián Orta