- Acceso universal, libre, público, gratuito, confidencial y seguro a los servicios públicos electrónicos.
- Compromiso institucional, jurídico, organizativo y presupuestario con los objetivos de transparencia exigibles a las Administraciones Públicas en el ámbito electrónico.
- Adquirir compromisos públicos y concretos que garanticen la comunicación y participación ciudadana efectivas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como complemento a las formas de participación tradicionales.
- Diseño para todas las personas: cumplir los criterios de accesibilidad (AA) exigidos por el Derecho Comunitario.
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento básico de una estrategia administrativa basada en servicios integrados que faciliten el acceso a la información y la participación ciudadana en todo tipo de soportes y por todo tipo de canales.
- Coordinar y consensuar entre administraciones públicas estándares y formas de publicación de contenidos que permitan organizarlos, estructurarlos y denominarlos de forma intuitiva y de fácil acceso a las personas usuarias.
- Compatibilizar las formas de identificación digital de modo confiable tanto técnica como jurídicamente (entre las Administraciones Públicas).
- Garantizar la no-discriminación por la implantación de Servicios Electrónicos.
- Aprovechar las TIC para liberar todo conocimiento cuya producción haya sido financiada con fondos públicos, haciéndolo accesible y gratuito.
- Cumplir el marco normativo sobre derechos lingüísticos y lenguaje inclusivo (no sexista, no discriminatorio).
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